Pérez acusa al Gobierno de boicotear el voto obligatorio: “Prefieren que vote un 30% por sobre un 70%”
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La parlamentaria acusó al Gobierno de actuar con "calculadora en mano" en el debate electoral.
La aprobación del proyecto de voto obligatorio en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero sin incluir sanciones para quienes no sufraguen, ha desatado una dura controversia política. La diputada Joanna Pérez (Demócratas) arremetió contra el Ejecutivo, acusándolo de obstaculizar deliberadamente la implementación de una obligatoriedad real por cálculos políticos electorales.
Una Obligatoriedad “Sin Dientes“
En una dura intervención, la parlamentaria criticó el resultado de la votación, que ahora pasa al Senado, argumentando que un voto obligatorio sin consecuencias es, en la práctica, letra muerta. Recordó que una reforma constitucional en 2022 ya restableció la obligatoriedad del sufragio en Chile, y que este proyecto de ley tenía como único fin regular dicha obligación.
“Para que sea obligatorio, tiene que tener una sanción o una multa, o un tipo de implementación de esa obligatoriedad”, explicó Pérez, lamentando la falta de voluntad política para cumplir con el mandato constitucional. Este despacho de un voto obligatorio sin sanciones es visto por la diputada como un fracaso en el compromiso adquirido.
Acusación de Cálculo Político y Obstrucción
El foco principal de las críticas de la diputada apuntó directamente al Gobierno. Según Pérez, el Ejecutivo ha puesto “un obstáculo permanente” para la implementación de un voto obligatorio efectivo, motivado por intereses electorales.
“El gobierno no quiere este proyecto porque prefiere que vote un 30% por sobre un 70%”, sentenció la parlamentaria. A su juicio, el oficialismo se siente incómodo con una alta participación ciudadana. “Siente que, después del rechazo a una mala Constitución, con el voto obligatorio, finalmente, ellos perdieron el control”, agregó, sugiriendo que el Gobierno prefiere un electorado más pequeño y predecible.
El Incumplimiento de Acuerdos Previos
La diputada Pérez también trajo a colación acuerdos políticos pasados que, según ella, no fueron respetados. Relató una conversación de 2019 con el actual ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde —entonces presidente del Senado—, donde se habría acordado avanzar de manera conjunta en la implementación de la ley. “Eso nunca se cumplió”, afirmó.
En lugar de una ley permanente, recordó que el año pasado el Gobierno impulsó una reforma transitoria solo para las elecciones municipales y de gobernadores, evitando así establecer un marco definitivo. Para Pérez, esta seguidilla de hechos demuestra que las acciones del Ejecutivo responden a una estrategia calculada. “Hay cuentas con calculadora en mano”, concluyó.
