Fotografía que muestra el deterioro del asfalto y un socavón en una calle de Concepción
El deficiente estado de las calles en Concepción ha generado preocupación entre los vecinos, quienes enfrentan dificultades en sus desplazamientos diarios. Ante esta situación, la opinión pública a menudo señala a la Municipalidad, el SERVIU o el Gobierno Regional como posibles culpables. No obstante, la legislación chilena establece de manera precisa las funciones de cada organismo en la conservación de las calzadas y aceras.
Puntos críticos: Un problema visible y persistente
La problemática es palpable en varios puntos de la comuna. En el cruce de las calles Manuel Rodríguez y Obispo Hipólito Salas, un socavón ha obligado a los vecinos a tomar medidas por cuenta propia, sin éxito. A pesar de sus esfuerzos por señalizar el hoyo, el peligro persiste y los conductores deben esquivarlo constantemente.
El deterioro también se extiende a otras zonas. En Vicuña Mackenna, la pavimentación se interrumpe a la altura de Ongolmo, dando paso a un camino de tierra. De igual forma, en la calle Castellón, los baches son un problema recurrente, especialmente en sus intersecciones con Ejército y Brasil, afectando la fluidez y seguridad del tráfico.
¿Quiénes son los encargados de la mantención?
La respuesta a esta pregunta se encuentra en la normativa chilena. Según la Ley Orgánica 18.695, en su artículo 63, los municipios son los responsables de “administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna”, lo que incluye las aceras y calzadas.
Sin embargo, la Ley N° 20.035, publicada en 2005, otorga al Gobierno Regional un rol fundamental. Dicha ley establece que son “funciones regionales del Gobierno Regional: Construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas, las obras de pavimentación de las aceras y calzadas”. Además, les permite celebrar convenios con municipalidades y otras entidades para obtener el respaldo técnico necesario.
Es importante destacar que, a partir de una modificación de la ley 8.946 en 2006, el SERVIU vio su rol limitado a la fiscalización técnica de las obras, perdiendo su competencia en la mantención directa de pavimentos. De esta manera, la responsabilidad principal recae en el Gobierno Regional y, en menor medida, en los municipios.
