Diputado Arroyo cuestiona legalidad de proyecto sobre jubilaciones de expresidentes menores de 65 años
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Fotografía del diputado Roberto Arroyo, crítico del proyecto de jubilaciones para exmandatarios
El diputado Roberto Arroyo ha levantado una voz de alerta tras la reciente aprobación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados de un proyecto que busca reformar la dieta vitalicia para los expresidentes. El parlamentario expresó su preocupación, argumentando que la propuesta, que permitiría el acceso a este beneficio antes de la edad de jubilación, podría ser inconstitucional.
Críticas y la base de la inconstitucionalidad
Arroyo subraya que la Constitución, en su artículo 69, es clara al establecer que no se pueden admitir modificaciones que no tengan una “relación directa con la idea matriz o los fundamentos del proyecto”. A su juicio, la idea central de esta reforma era que las jubilaciones de los expresidentes se entregaran a partir de los 65 años, tal como ocurre con la mayoría de las jubilaciones en Chile. Cualquier desviación de este principio, sostiene, podría estar en contra de la Carta Fundamental.
“Otorgar este beneficio antes de los 65, a mi parecer, es inconstitucional”, afirmó el diputado. Además, hizo hincapié en el descontento ciudadano, señalando que “el 92 % de los chilenos rechaza esta jubilación vitalicia antes de los 40 años”. Esta cifra, para él, evidencia la gran desconexión que existe entre los privilegios de algunos y la realidad de la población general.
El parlamentario instó a la mesa de la comisión a pronunciarse sobre este tema, pidiendo una respuesta clara sobre si se aplicó correctamente el reglamento y los principios constitucionales durante la discusión del proyecto.
Detalles del proyecto legislativo
El proyecto en cuestión, una iniciativa impulsada originalmente por la diputada Pamela Jiles, agrupa a un total de once propuestas que buscan reformar el sistema de pensión vitalicia para expresidentes.
Uno de los principales objetivos de la reforma es exigir que los exmandatarios cumplan con la edad legal de jubilación para acceder a los beneficios, fijada en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. La propuesta contempla que los expresidentes puedan solicitar una pensión vitalicia, pero que esta sea equivalente únicamente a la dieta constitucional, sin incluir las asignaciones adicionales que se les otorgan actualmente, como traslados y gastos de oficina.
Este debate no solo se centra en la edad para acceder al beneficio, sino también en el impacto fiscal que estos privilegios tienen para el Estado y el simbolismo de equidad que proyectan frente al resto de los ciudadanos chilenos.
