Una investigación periodística y judicial ha puesto al descubierto un esquema que, según la Fiscalía, permitió al ex diputado Joaquín Lavín León desviar más de 104 millones de pesos de recursos fiscales para beneficiar campañas políticas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), utilizando para ello facturas ideológicamente falsas presentadas ante el Congreso Nacional.
La acusación principal sostiene que Lavín Jr. empleó dineros destinados a su labor parlamentaria para financiar la creación y operación de SocialTazk, una plataforma digital diseñada para el manejo de bases de datos y envío masivo de mensajes de texto con fines estrictamente electorales. El diputado, conocido por su baja asistencia, habría ofrecido el uso “gratuito” de esta herramienta a más de 70 candidatos gremialistas, rindiendo los gastos ante la Cámara como si fueran servicios legislativos.
Adicionalmente, el Ministerio Público lo acusa de utilizar fondos del Congreso para saldar una deuda personal de $10,8 millones con una imprenta que prestaba servicios a la UDI. Para justificar este pago, se habrían rendido facturas falsas por supuestos “gastos operacionales” que nunca ocurrieron, un método que, según testimonios, era la única forma de que la imprenta recibiera su pago.
El caso también incluye cargos por tráfico de influencias. Se le imputa haber intervenido en la Municipalidad de Maipú, dirigida por su entonces esposa, Cathy Barriga, lo que se habría traducido en la desvinculación de cerca de 497 funcionarios. Documentos judiciales y correos electrónicos sugieren que el parlamentario manejó decisiones de personal, incluso reincorporando a personas a solicitud de otros líderes políticos.
A pesar de que la Corte de Apelaciones aprobó el desafuero de Lavín León, su defensa legal insiste en su inocencia y planea apelar ante la Corte Suprema, asegurando que el imputado no se enriqueció ilícitamente.
