El exfiscal de Talcahuano, Guillermo Richards Hormazábal, junto a la magistrada Humilde Silva Gaete, están bajo investigación por presuntamente haber otorgado beneficios legales y económicos a los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando masivo de cigarrillos.
La controversia se centra en una audiencia de preparación de juicio oral en mayo de 2024, donde el exfiscal Richards eliminó unilateralmente delitos graves de la acusación original (como asociación ilícita, lavado de activos y comercio clandestino). Esta maniobra redujo la imputación a solo receptación aduanera, un ilícito menor.
Consecuencias de la Decisión:
- Penales: La reducción de cargos permitió que ocho imputados, incluido el principal proveedor de la red, Claudio Vivanco Acuña (alias “El Lampa”), accedieran a salidas alternativas como acuerdos reparatorios (pagos de 1 a 5 millones de pesos) y suspensiones condicionales del procedimiento, evitando así una pena de cárcel que sumaba más de 100 años para la banda.
- Financieras: Lo más crítico fue que se impidió el comiso (confiscación) de más de $2.500 millones en activos y dinero incautado a la organización, fortuna obtenida ilícitamente.
Ante esta situación, y luego de que el Ministerio Público (liderado por la fiscal regional Marcela Cartagena) perdiera todos los recursos judiciales para revertir la decisión, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha tomado acción para recuperar los fondos, logrando preliminarmente detener la orden de devolución del dinero a los imputados.
El exfiscal Richards, quien enfrentaba una solicitud de destitución, presentó su renuncia. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, rebajó la sanción administrativa a dos meses de suspensión, considerando su dimisión como un reconocimiento de los hechos. Richards, actualmente investigado penalmente, defendió su decisión como una estrategia jurídica para cerrar una causa de siete años, minimizando el riesgo de absolución total por parte de las defensas.
