“Manotazos de ahogado”: Diputados que Vivanco busca inhabilitar defienden imparcialidad en el proceso
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Diputados incluidos en el listado de 62 parlamentarios que la defensa de Ángela Vivanco busca inhabilitar en su acusación constitucional han reaccionado con firmeza, calificando la solicitud como un intento desesperado de silenciar el proceso. Según la defensa de la ministra suspendida de la Corte Suprema, estos parlamentarios habrían emitido opiniones previas que comprometen su imparcialidad, pero los diputados aseguran que su trabajo ha sido completamente transparente y que su rol en el proceso es legítimo.
Entre los mencionados están diputados como Emilia Schneider (FA), Eric Aedo (DC), y Daniel Manouchehri (PS), quienes han salido a rechazar lo que consideran una estrategia para debilitar el juicio. Aedo, al ser consultado, aseguró que “esto es un manotazo de ahogado” y defendió su derecho a participar en la discusión sobre la acusación constitucional. Agregó que la solicitud de inhabilitación se trata de un esfuerzo por frenar la fiscalización y la lucha contra la corrupción en el ámbito judicial.
Argumentos de la defensa de Vivanco
El abogado de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, argumenta que las opiniones previas de los diputados vulneran el principio de imparcialidad que deben respetar en este tipo de juicios políticos. Por este motivo, busca la inhabilitación de una gran parte de los parlamentarios que han expresado su postura antes de escuchar la defensa completa.
Sin embargo, los diputados incluidos en el listado señalaron que el proceso de acusación constitucional es una herramienta democrática, cuyo fin es evaluar la admisibilidad de las acusaciones, no emitir un juicio final. Reiteran que el Senado es quien tiene la última palabra respecto a la culpabilidad de la ministra Vivanco.
Impacto y debate político
El proceso contra Vivanco, en el contexto de la crisis de confianza en el sistema judicial chileno, ha polarizado a la opinión pública y al mundo político. La ministra enfrenta acusaciones relacionadas con fallos controvertidos en casos de derechos sociales y constitucionales, lo que ha generado divisiones entre quienes la defienden y quienes piden su remoción. La decisión final en el Senado podría tener implicaciones profundas para la relación entre el Poder Judicial y el Legislativo, y para la forma en que se manejan futuras acusaciones constitucionales.
