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Joaquín Lavín León bajo investigación por presunto fraude.
El diputado Joaquín Lavín León se encuentra en el ojo del huracán, enfrentando nuevas y graves acusaciones que podrían llevarlo a ser formalizado por la Fiscalía y quedar sujeto a medidas cautelares. La solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Oriente no solo profundiza en sus supuestas maniobras como “alcalde en las sombras” durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, en Maipú, o las “facturas truchas” para desviar fondos del Congreso. Un nuevo antecedente, revelado por La Tercera, detalla un jugoso negocio familiar que habría impulsado utilizando dineros públicos y a sus asesores en horario laboral.
La investigación apunta a una presunta “millonaria defraudación al Fisco”, que involucra una plataforma llamada “Socialtazk”. Aunque Lavín aseguró a la Fiscalía que esta app, asociada a la empresa “Modo 74″, solo tenía fines relacionados con su labor parlamentaria y por eso la pagaba con recursos del Congreso, el ente persecutor sostiene que detrás se ocultaba un emprendimiento donde estarían involucrados sus hermanos, Juan Pablo y María Estela Lavín León.
El “Negocio” en el Congreso: Captación de Candidatos UDI y Venta de Datos
La Fiscalía ha desentrañado un sofisticado mecanismo que habría permitido a Lavín León beneficiarse ilícitamente. Según la investigación, el propio diputado se habría dedicado a captar “clientes” ofreciendo los servicios de la plataforma a más de 70 candidatos de la UDI de todo el país, en plena época electoral entre 2020 y 2021.
La particular oferta consistía en que, a través de “Socialtazk”, cada candidato podía enviar mensajes de texto masivos para hacer campaña. A cambio de este servicio, que era gratuito en términos monetarios, los candidatos debían proporcionarle, “en forma ilícita”, según advirtió la Fiscalía, las bases de datos de los habitantes de sus respectivas comunas. Es decir, obtenía “información privada de millones de personas que los candidatos obtenían en el desempeño de sus labores públicas”.
El objetivo de Lavín con estos datos, según la Fiscalía, era claro: “el desarrollo de la aplicación fue desde un inicio concebido para la obtención de importantes beneficios económicos y societarios, para él y otros miembros de su familia”. Este punto es crucial, ya que los hermanos del diputado, Juan Pablo y Estela, son públicamente responsables de la empresa Panel Ciudadano, dedicada al desarrollo de encuestas, estudios de mercado y procesamiento de datos.
La investigación también indica que Lavín ordenó a su equipo destinar gran parte de sus jornadas laborales a trabajar en este servicio ofrecido a los candidatos UDI. El monto total de la defraudación al Fisco por esta maniobra se estimaría en $93 millones de pesos. Sumado a los poco más de $100 millones en facturas ideológicamente falsas, el monto total defraudado que la Fiscalía imputaría al congresista alcanzaría cerca de $200 millones. Este caso promete generar un fuerte impacto en el escenario político y judicial del país.
