General Hugo Rodríguez aborda la controversia judicial.
En medio de la controversia generada por la investigación de tráfico de drogas al interior de sus filas, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), General Hugo Rodríguez, ha salido al paso para clarificar la posición institucional y el marco legal que rige el procedimiento.
Las declaraciones surgen tras los dichos del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien previamente aseguró que el Presidente Gabriel Boric “ha instruido” a la institución a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, luego de una negativa inicial de la FACh.
La postura del Comandante FACh sobre el caso de narcotráfico
Al ser consultado en el Congreso, el General Rodríguez explicó la razón de la demora en la entrega de la información a la Fiscalía Regional de Tarapacá. Según indicó, la institución buscaba realizar “un análisis exhaustivo” de los datos para no “cometer algún equívoco”.
Respecto a la supuesta instrucción presidencial, el líder de la FACh fue enfático en señalar los límites de la intervención del Ejecutivo en estos asuntos. “El Presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de Justicia”, aseveró.
Aunque reconoció al mandatario como su superior jerárquico, precisó: “Yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”.
Competencia de la Justicia Militar
El general profundizó en la base legal de su postura, explicando que, según lo estipulado en el Código de Justicia Militar de Chile, los delitos comunes cometidos por personal militar dentro de recintos militares son competencia de tribunales especiales.
“En todos los delitos que sean cometidos por militares en recintos militares tiene competencia la Fiscalía de Aviación”, afirmó Rodríguez, reiterando que esta jurisdicción es la que debe llevar a cabo la investigación sobre los efectivos sorprendidos trasladando ketamina desde Iquique a Santiago.
Esta aclaración busca zanjar la pugna de competencias y reafirmar la autonomía de los procesos judiciales militares en casos que ocurren bajo su jurisdicción, marcando una línea clara sobre el alcance de las facultades de los distintos poderes del Estado. Puedes consultar más detalles sobre la jurisdicción en el Código de Justicia Militar.
