CODELCO EN LA MIRA: CÁMARA CREA COMISIÓN INVESTIGADORA POR CIFRAS INFLADAS.
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La Cámara aprobó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora para indagar la sobreestimación de 27 mil toneladas de cobre en los registros de 2025, el escandaloso pago de US$14,3 millones en bonos y la millonaria remodelación de la casa matriz. Tienen 30 días.
Sin votos en contra y sin necesidad de votación formal en la Sala, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes la creación de una Comisión Especial Investigadora para revisar las presuntas irregularidades que sacuden a Codelco. La iniciativa fue impulsada por el diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión de Minería, quien reunió las firmas necesarias para constituir la instancia fiscalizadora. La comisión tendrá un plazo de 30 días para recopilar antecedentes y elaborar conclusiones sobre dos focos centrales: la sobreestimación de producción detectada en los registros de 2025 y la cuestionada remodelación de la casa matriz de la estatal en Santiago.
El detonante del escándalo fue una auditoría interna que reveló que Codelco contabilizó cerca de 27 mil toneladas de cobre fino que no estaban debidamente autorizadas para ser registradas como producción. Aproximadamente 20 mil toneladas correspondían a óxidos de la División Chuquicamata y las restantes 6.875 a arsenito de calcio de la División Ministro Hales, asociado al depósito de residuos de Montecristo. La cifra equivale al 2% de la producción total informada por la estatal para 2025, y su corrección dejó la producción propia en 1.307.570 toneladas, versus las 1.334.445 reportadas originalmente.
El impacto financiero fue directo: la sobreestimación gatilló el pago de bonos por US$14,3 millones a cerca de 6.300 funcionarios y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz, quienes cumplieron metas de producción que en rigor no se alcanzaron. Más de 6.000 trabajadores debieron iniciar la devolución de esos montos. La directora del directorio Tamara Agnic reconoció que el episodio implicó una falla en la “segunda línea” de control interno de la empresa, aunque precisó que no obligó a corregir los estados financieros por tratarse de un monto no material para el tamaño de Codelco. Pese a ello, fue tajante: “A nivel de gobierno corporativo es muy grave”.
Las consecuencias internas incluyeron el despido de un ejecutivo —el vicepresidente de Operaciones de Chuquicamata, Julio Márquez, a quien se le atribuye haber aprobado la contabilización utilizando incorrectamente la normativa vigente— y sanciones disciplinarias contra otros siete ejecutivos. La empresa presentó los antecedentes ante el Ministerio Público, cuya investigación quedó a cargo del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos. El ex presidente del directorio, Máximo Pacheco, dejó el cargo en medio del proceso. Lo reemplazó Bernardo Fontaine.
Correos internos que circularon entre ejecutivos en diciembre de 2025 revelan conversaciones en torno a lo que se denominó la “operación rastrillo”, expresión utilizada en minería para referirse a acciones orientadas a maximizar las cifras de producción antes del cierre del período. Esa comunicación, entre el vicepresidente de Comercialización Braim Chiple y el presidente ejecutivo Rubén Alvarado, alimentó las dudas sobre si la sobreestimación respondió a un error técnico o a presiones deliberadas para alcanzar las metas que activan los bonos. La comisión investigadora deberá responder esa pregunta.
Fuente: Cooperativa, La Tercera, T13, Emol, Radio Universidad de Chile
