Contraloría le cierra el camino a Orrego: rechaza su defensa, ratifica todas las irregularidades y deja abierta la puerta a su destitución.
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El sobreseimiento definitivo que obtuvo Claudio Orrego en el caso ProCultura fue, a lo sumo, una victoria parcial. Mientras la justicia penal cerraba su carpeta —incluso condenando en costas a la Fiscalía—, la Contraloría General de la República seguía su propio curso. Y su veredicto administrativo llegó sin concesiones: el gobernador metropolitano intentó revertir el informe que lo cuestiona, y el organismo fiscalizador no solo rechazó su defensa, sino que ratificó íntegramente cada observación levantada en la auditoría.
El documento en cuestión es el Informe Final N° 873 de 2024, que detectó un conjunto de irregularidades en la gestión del Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM). Frente a esas conclusiones, el equipo de Orrego presentó un recurso de reconsideración —un mecanismo que, según el propio contexto del proceso, estaba fuera del marco técnico habitual— solicitando que se dejaran sin efecto las observaciones. La Contraloría, con todo, decidió pronunciarse. Y al hacerlo, confirmó que ninguno de los argumentos del GORE fue suficiente para desvirtuar lo detectado.
El informe apuntó a cuatro grandes flancos. El primero involucra contrataciones directas por más de 51 millones de pesos, realizadas sin acreditar documentalmente la inexistencia de otros proveedores, condición exigida por ley para usar ese mecanismo excepcional. El segundo detectó que actividades institucionales fueron publicadas primero en redes sociales personales de autoridades —incluido el propio gobernador— y solo después replicadas en canales oficiales: de 42 publicaciones auditadas, 32 respondían a ese patrón, en contravención directa a la normativa vigente. El tercer eje cuestionó la exposición sistemática del nombre e imagen de Orrego en comunicaciones oficiales durante el periodo electoral, apareciendo de forma destacada en 21 de 28 imágenes revisadas. Y el cuarto, el más políticamente sensible, apuntó a las sesiones de coaching contratadas con fondos del GORE: en al menos 16 de ellas, según la Contraloría, se abordaron materias vinculadas a campaña electoral y posicionamiento político, incluyendo análisis de encuestas y contingencia partidaria.
Frente a todo ello, Orrego intentó desarticular el informe argumentando que las acciones cuestionadas tenían justificación institucional. La respuesta del organismo fue cerrar cada ventana: mantuvo lo observado, rechazó los descargos y reafirmó expresamente sus conclusiones tras revisar la versión del GORE.
Lo que queda sobre la mesa no es menor. Consejeros regionales de Chile Vamos y del Partido Republicano ya llevaron estos antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), buscando la destitución de Orrego por notable abandono de deberes. El hecho de que la Contraloría haya ratificado sus observaciones luego de revisar la defensa del propio gobernador convierte ese informe en un pilar difícil de ignorar para cualquier tribunal que evalúe su conducta administrativa. La causa en el Tricel sigue pendiente y se espera que avance en los próximos meses.
