El escándalo que sacude al Partido Republicano desde Magallanes llegó a su siguiente capítulo este viernes. El diputado Alejandro Riquelme Ducci rompió el silencio y salió a negar los hechos que lo tienen en el centro de la tormenta política: la investigación penal abierta por la Fiscalía de Punta Arenas por un subsidio habitacional que habría obtenido su pareja de forma irregular.
El parlamentario calificó los antecedentes publicados como “falsos” y centró su defensa en un argumento personal: al momento en que Susan Chicuy Godoy postuló al beneficio, en 2022, ya no tenían una relación. “Cuando mi expareja postuló al subsidio, estábamos separados y sin convivencia”, sostuvo Riquelme en una declaración difundida el mismo día en que el caso acapara la agenda política nacional.
La versión choca de frente con lo que reveló la investigación periodística y lo que consigna la denuncia del propio Serviu de Magallanes. Según los antecedentes, Chicuy habría accedido al proyecto habitacional Estepa Austral I sin informar completamente su situación socioeconómica y familiar, y sin declarar su vínculo con el parlamentario, con quien mantiene al menos cuatro sociedades comerciales y tiene hijos en común. La omisión de esos datos la habría situado artificialmente en una condición de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”, categorías que abren las puertas a subsidios del Estado reservados para el 40% más vulnerable del país. 24 Horas
Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando Chicuy obtuvo un cupo en el Programa Fondo Solidario de Vivienda. En la postulación declaró vivir en un sector rural de Punta Arenas, con cuatro hijos y sin red de distribución de agua, un domicilio distinto al que había declarado con anterioridad —que era el mismo de Riquelme. Un cambio de domicilio que, según la denuncia, habría sido clave para sortear los filtros del sistema. Sabes
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Local de Punta Arenas, y los hechos también involucran a Jacqueline Lleucún Uribe, quien en ese momento era jefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes. BioBioChile
El perfil económico de Chicuy no cuadra con la condición de vulnerabilidad declarada. Las sociedades que compartía con Riquelme incluyen Magallania Capacitaciones Limitada, Magallania SpA, Magallania Asesorías Limitada y Cannabimed Agroproductos y Laboratorios SpA, y una de ellas registra contratos y convenios con organismos del Estado que superan los 1.096 millones de pesos entre 2007 y 2025. Una trayectoria empresarial que resulta difícil de reconciliar con el perfil habitacional que se habría presentado ante Serviu. Canal 9
El caso no involucra solo a Chicuy: la denuncia del Serviu apunta también a Julia López, pareja del anterior director del Serviu regional, Dubalio Pérez, quien ocupó el cargo hasta el 1 de marzo de 2022, y quien también habría accedido al mismo programa bajo condiciones similares. Emol.com
Riquelme aseguró colaborar con la justicia y pidió que la investigación se resuelva a la brevedad. Exigió además respeto a la presunción de inocencia y aseguró que ese principio no se habría respetado en su caso. Desde el Partido Republicano, la respuesta del ministro de Vivienda fue directa y sin margen para interpretaciones. Iván Poduje confirmó que el Serviu Magallanes remitió los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado, y que el Ministerio trabaja en la revisión de cerca de tres mil casos por posibles irregularidades. “No lo vamos a tapar”, declaró Poduje, en una frase que resume el talante con que el propio gobierno del presidente Kast aborda el escándalo que involucra a un parlamentario de sus propias filas. 24 Horas
Fuentes
- Biobío Chile
- T13
- El Mostrador
- Emol
- 24Horas
- Sabes.cl
