“EMPRESARIOS CHINOS”, UN ESCOLTA CON AUTO FISCAL Y UNA DEUDA DE $18 MILLONES: LA NUEVA TRAMA QUE HUNDE A CAMILA FLORES.
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Una investigación de BBCL Investiga revela que el dueño de una imprenta de Santiago demandó a la senadora por Valparaíso tras fabricar 40 mil imanes publicitarios para su campaña que jamás fueron pagados. La trama involucra a una excandidata de la UDI, a supuestos empresarios asiáticos que querían “línea directa” con la parlamentaria, y a un escolta de Carabineros que retiró la propaganda en un vehículo con cargo fiscal. Todo esto, mientras Flores ya enfrenta una investigación por fraude al Fisco de hasta $300 millones.
La senadora Camila Flores vive el peor momento de su carrera política. A la investigación que la Fiscalía Regional de Valparaíso lleva adelante por presunto fraude al Fisco —el llamado esquema de la “cuota Flores”, que habría operado entre 2018 y 2025 y comprometería cerca de $300 millones en asignaciones parlamentarias desviadas— se suma ahora una nueva arista judicial que combina financiamiento irregular de campaña, intermediarios con conexiones chinas y el uso de recursos del Estado para actividades electorales. La parlamentaria de Renovación Nacional, quien ya fue llevada al Tribunal Supremo de su propio partido por el caso anterior, niega categóricamente los hechos. Será la justicia quien decida.
La historia comenzó pocas semanas antes del cierre del plazo legal de campaña para las elecciones de noviembre de 2025, cuando Camila Flores competía por uno de los cinco escaños del Senado en la 6ª Circunscripción de Valparaíso. Fue en ese contexto que Luis Villa Villar, un hombre que asesora a empresarios chinos radicados en Chile, recibió el llamado de una conocida: María Ester Munnier, psicóloga de Villa Alemana, ex directora regional del Senda, militante de la UDI y ex candidata al Consejo Regional de Valparaíso. La idea de Munnier, según relató Villa a la Unidad de Investigación de BBCL, era gestionar un “apoyo” para la candidatura de Flores, replicando el respaldo que ella misma habría recibido un año antes de parte de esos mismos empresarios asiáticos para su propia campaña fallida.
El resultado fue una reunión celebrada el 27 de octubre de 2025 en el Restaurant Iruanai de Viña del Mar, a la que asistieron Camila Flores, su esposo Percy Marín, Munnier y Villa Villar en representación de los potenciales patrocinadores. Según el intermediario, fueron los propios asesores de la senadora quienes, en ese encuentro, solicitaron el trabajo de impresión y pusieron en contacto al equipo de campaña con su tío, Hugo Villar Lara, dueño de una imprenta en Santiago Centro. El acuerdo, en principio, era claro: los empresarios chinos pagarían los costos de impresión de los imanes —y también un show de cierre de campaña que nunca se realizó— a cambio de tener “buena llegada” con la autoridad. Villa fue explícito al explicar la lógica del negocio: “No es lo mismo cuando un documento queda abajo del escritorio a que quede arriba”.
La imprenta trabajó a toda máquina. Para los primeros días de noviembre, los 40 mil imanes publicitarios con la imagen de Flores —y otros junto a Percy Marín— estaban siendo retirados desde las dependencias del local en calle Bío Bío, en Santiago Centro. Y aquí aparece el elemento más explosivo del caso: según imágenes obtenidas por la Unidad de Investigación, el retiro fue realizado en el vehículo que Flores tenía asignado como apoyo a su función parlamentaria, financiado con fondos fiscales. Al volante iba un funcionario del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros que tenía asignado la entonces diputada. Para cerrar el cuadro, el ex asesor de Flores, Julio Lillo, envió mensajes de WhatsApp el 6 de noviembre solicitando nuevas entregas de imanes: “Hablé con Isabel y me pidió que me contactara con usted para poder retirar imanes de la diputada y Percy, ya que mañana tenemos dos eventos grandes”, escribió.
Los problemas comenzaron cuando los empresarios chinos no pagaron la factura. Según Villa, intentó mediar, pero los potenciales financistas se negaron a costear el servicio porque Flores nunca les contestó el teléfono. Una fuente consultada por BBCL Investiga precisó que la propia senadora siempre se refirió a los imanes como una “donación”, lo que explica por qué nadie se hizo cargo formalmente de la deuda. Hugo Villar, el impresor, optó entonces por recurrir a los tribunales: emitió la factura el 7 de mayo de este año —por $15,3 millones más IVA, lo que totaliza $18,3 millones— e ingresó la demanda de cobro ejecutivo el 5 de junio ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El abogado del impresor, Vinko Fodich, fue directo: “Estos servicios no han sido pagados por la senadora, ni siquiera después de haber obtenido su devolución por parte del Servicio Electoral”.
Dado que Flores goza de fuero parlamentario como senadora de la República, la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá designar la próxima semana a un ministro de fuero para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción judicial. El Servel, consultado por BBCL Investiga, recordó que la legislación vigente considera gasto electoral toda erogación realizada durante la campaña, independiente de cuándo haya sido contratada o pagada, y que las contribuciones en bienes o servicios también están sujetas a las normas de control y fiscalización de la Ley N° 19.884. La entidad agregó que mantiene plenas facultades para examinar nuevos antecedentes que surjan con posterioridad a las rendiciones.
Flores respondió con una breve declaración en la que niega “categóricamente haber instruido la contratación de los servicios que se señalan”, argumentando que no existe orden de compra ni guía de despacho que la vincule a la transacción. Sin embargo, no explicó por qué los imanes fueron retirados por su escolta en un vehículo fiscal, ni por qué su propio ex asesor solicitó nuevas entregas por escrito. Todo ello, mientras la investigación por la “cuota Flores” sigue su curso en la Fiscalía, a cargo de la fiscal Paola Castiglione de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso. Se presume la inocencia de la senadora mientras los procesos judiciales estén en curso.
Fuente: BioBioChile Investiga, T13, Cooperativa, CIPER Chile, Radio Universidad de Chile, El Dínamo
