LA RED QUE OPERÓ POR AÑOS EN LOS TRIBUNALES DE LOS ÁNGELES: JUEZA INVESTIGADA INTERVINO EN MÁS DE 40 CAUSAS PARA FAVORECER A SUS AMIGAS ABOGADAS
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El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso con el que la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, intentaba frenar la querella en su contra. La Fiscalía sostiene que la magistrada resolvió a favor de Andrea Romero y Susana Cortés —dos abogadas hoy en prisión preventiva por narcotráfico y crimen organizado— en más de 40 causas, sin inhabilitarse pese a la amistad que las unía. Ninguna de esas resoluciones fue impugnada por la Fiscalía, donde trabajaba el esposo de una de las abogadas, el fiscal ya destituido Rodrigo Durán.
El caso de corrupción judicial que sacude a Los Ángeles desde 2024 sumó esta semana un golpe decisivo para la defensa de la jueza de Garantía Cherie Palomera. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad que su abogado, Pelayo Vial, había presentado para frenar la querella de capítulos con la que la Fiscalía Regional de Ñuble busca formalizarla por el delito de prevaricación. La resolución del TC despeja el camino para que la Corte de Apelaciones de Concepción avance en el proceso que podría llevar a la magistrada al banquillo.
Fue justamente en esa presentación judicial donde salió a la luz uno de los antecedentes más graves de toda la investigación: según consta en la causa, Palomera habría intervenido en más de 40 procesos judiciales —algunos de ellos relacionados con crimen organizado y narcotráfico— sin inhabilitarse, a pesar de mantener una relación de amistad personal con las abogadas defensoras de los imputados en esas causas, Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy. Lo más llamativo es que ninguna de esas resoluciones fue recurrida por la Fiscalía, organismo donde trabajaba hasta su destitución el fiscal Rodrigo Durán, esposo de Romero, quien también enfrenta una querella de capítulos por presunta violación de secreto al haber filtrado información reservada a su cónyuge.
La trama completa, según ha reconstruido la Fiscalía de Ñuble, habría operado entre 2017 y 2025: los imputados habrían cooptado al encargado de actas del tribunal para acomodar las audiencias de manera que recayeran ante la jueza Palomera, quien luego fallaba a favor de los intereses de las abogadas. Estas, a su vez, oficiaban como contacto en el exterior de Moisés Bastardo Bastardo, integrante de una banda de narcotráfico liderada por Luis Corvalán en la zona sur del país, cuya detención —en el marco de un operativo con incautación de sustancias— terminó destapando toda la red. Romero y Cortés permanecen en prisión preventiva desde marzo, tras que la Corte de Apelaciones de Concepción confirmara esa medida cautelar al considerar que representaban un peligro para la sociedad, enfrentando cargos por asociación ilícita, prevaricación, acceso indebido a información y obstrucción a la investigación.
Para Palomera, este no es su primer roce con la justicia disciplinaria por este caso. Un sumario administrativo abierto en 2024, tras el allanamiento de su despacho, había terminado en abril pasado con su absolución por parte del Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, pero únicamente por prescripción de las eventuales responsabilidades, sin que el tribunal se pronunciara sobre el fondo de los hechos. Ahora, con la querella de capítulos en marcha y el aval del Tribunal Constitucional, la Fiscalía Regional de Ñuble —encabezada por la fiscal Nayalet Mansilla— espera obtener luz verde para formalizar tanto a la magistrada como al exfiscal Durán, en lo que la propia Fiscalía ha calificado como un caso de corrupción judicial sin precedentes en la región del Biobío. Se presume la inocencia de todos los involucrados mientras no exista sentencia firme en su contra.
Fuente: BioBioChile, La Tercera, Radio Bío Bío, La Tribuna
