El violento turbazo que afectó al expresidente del Tribunal Constitucional desató una nueva ofensiva política en materia de seguridad. El diputado Arroyo emplazó directamente al Gobierno y exigió poner “discusión inmediata” a proyectos de ley vinculados al combate contra la delincuencia y el crimen organizado.
El parlamentario cuestionó la lentitud legislativa en iniciativas relacionadas con seguridad pública y aseguró que hechos de alta violencia como este reflejan el deterioro del escenario delictual en el país. “¿Qué más tiene que pasar?”, lanzó durante sus declaraciones, apuntando a la necesidad de acelerar medidas concretas.
El ataque ocurrió cuando un grupo de delincuentes irrumpió violentamente en la vivienda del exintegrante del TC, generando conmoción política y reabriendo el debate sobre el aumento de portonazos, encerronas y turbazos en distintos sectores del país.
Arroyo sostuvo que el Congreso mantiene proyectos pendientes relacionados con fortalecimiento policial, endurecimiento de penas y herramientas investigativas que —a su juicio— requieren prioridad absoluta por parte del Ejecutivo.
Desde el oficialismo reconocieron preocupación por el aumento de delitos violentos, aunque defendieron el trabajo realizado en la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno. Sin embargo, sectores opositores insisten en que las medidas han sido insuficientes frente al avance de bandas criminales.
El caso volvió a instalar la seguridad como uno de los temas más sensibles de la contingencia nacional, especialmente tras una serie de hechos delictuales de alto impacto registrados durante las últimas semanas.
