RED QUE TRAFICABA NIÑOS HAITIANOS A CHILE: ¿POR QUÉ UNA MUNICIPALIDAD LE PAGABA $1,2 MILLONES MENSUALES Y CÓMO UNA ONG DEL IMPUTADO RECIBIÓ MÁS DE $50 MILLONES?
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para dos ciudadanos haitianos formalizados por los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, en el marco de una investigación que reveló el funcionamiento de una red transnacional dedicada al traslado ilegal de niños desde Haití hacia Chile.
Los imputados fueron identificados como Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, quienes, de acuerdo con la Fiscalía Centro Norte, integraban una organización que operaba al menos desde mediados de 2024 y que cobraba cerca de $3 millones por cada menor trasladado, obteniendo ganancias estimadas en cerca de $800 millones.
La investigación, iniciada tras antecedentes entregados por Interpol, sostiene que la organización promovía y facilitaba el ingreso irregular de migrantes haitianos, principalmente niños y adolescentes. La ruta comenzaba en Haití, continuaba con un cruce ilegal hacia República Dominicana y concluía con el ingreso a Chile.
Según el Ministerio Público, los imputados coordinaban las operaciones desde Chile utilizando las sociedades MundoPam SpA y Cananeen SpA. Además del traslado de migrantes, ofrecían gestionar trámites de reunificación familiar ante el Servicio Nacional de Migraciones, cobrando entre $80.000 y $100.000 por cada gestión.
La Fiscalía sostiene que la organización se aprovechaba de la necesidad de reunificación familiar de padres haitianos residentes en Chile. Incluso, entregaba a las familias los datos de adultos que supuestamente acompañarían a los menores durante el viaje para obtener autorizaciones notariales, pese a que, en numerosos casos, esas personas eran completamente desconocidas para los padres.
Vínculos con organismos públicos
Uno de los antecedentes que más ha llamado la atención corresponde a Jean Chery Dormeus, quien, mientras era investigado por la Fiscalía como presunto integrante de esta organización criminal, figuraba prestando servicios a honorarios para la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, percibiendo una remuneración mensual de $1,2 millones.
A ello se suma otro antecedente que también genera cuestionamientos: el imputado presidía una organización no gubernamental que recibió más de $50 millones provenientes del Gobierno Regional Metropolitano y del Ministerio del Interior para el desarrollo de proyectos.
Estos antecedentes podrían ser materia de futuras indagatorias para determinar la legalidad de la asignación de esos recursos públicos y establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales en su entrega.
La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía Centro Norte, mientras los imputados permanecerán en prisión preventiva por considerarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
