San Rosendo, Alto Biobío y Lota. Tres comunas de la región del Biobío aparecen en una nómina que no hace querer figurar en ella: la lista de alcaldes apercibidos por la Contraloría General de la República por no haber actualizado sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio, una obligación legal que no admite excusas y cuyo incumplimiento puede costar el cargo.
El pasado 27 de mayo, la Contraloría notificó mediante oficios a 15 alcaldes de distintas regiones del país, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presentar sus declaraciones pendientes. De mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará procedimientos sancionatorios formales según lo establece la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. El Dínamo
En la provincia de Biobío, los alcaldes identificados son Rabindranath Acuña Olate, de San Rosendo, y Félix Vita Manquepi, de Alto Biobío. A ellos se suma, dentro de la región, el alcalde de Lota. Los tres deberán regularizar su situación ante el ente contralor en los plazos establecidos. La TribunaEl Contraste
Las consecuencias de no actuar son concretas y severas. Las sanciones van desde multas de entre 5 y 50 Unidades Tributarias Mensuales hasta la destitución del cargo, si transcurridos cuatro meses desde la sanción inicial la autoridad continúa sin regularizar su situación. BioBioChile
Al menos uno de los implicados reaccionó rápido. El alcalde de Lota, Jaime Vásquez, comunicó a Radio Bío Bío que ya actualizó su Declaración de Intereses y Patrimonio tras ser advertido por Contraloría y luego de la publicación de la noticia. En el mismo municipio, la concejala Camila Escares calificó la situación como grave, señalando que “la ley es bastante clara y si no lo realiza en el tiempo que se indica, se deben tomar las acciones pertinentes”. Canal 9Canal 9
El trasfondo de la exigencia no es burocrático: es una herramienta de transparencia diseñada precisamente para que la ciudadanía sepa qué bienes, actividades e intereses tienen quienes toman decisiones con recursos públicos. La Contraloría explicó que este proceso forma parte de sus facultades permanentes de fiscalización, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de transparencia y probidad, promoviendo una gestión pública más íntegra y fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía. BioBioChile
Que una autoridad electa no cumpla con el trámite anual más básico de probidad pone en evidencia, como mínimo, una gestión administrativa descuidada. La Contraloría seguirá monitoreando los casos hasta confirmar que cada uno de los 15 alcaldes apercibidos a lo largo del país haya regularizado su situación.
(Fuente: La Tribuna, BioBioChile, T13, El Contraste, El Dínamo)
