Trama de corrupción municipal: Sobornos rústicos con camisetas de fútbol y pagos en subterráneos dejan perjuicio de más de $1.000 millones
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Cientos de documentos judiciales revelan los detalles del llamado Caso Cuentas Corrientes, una extensa red de corrupción que articuló el pago de sobornos a alcaldes y funcionarios para que la empresa Gestión Global SpA se adjudicara millonarias licitaciones públicas. El perjuicio fiscal total estimado, hasta ahora, supera los 1.000 millones de pesos.
Modus Operandi y Coimas Insólitas:
La indagatoria del Ministerio Público expone el funcionamiento de una maquinaria liderada por el ingeniero comercial Rodrigo Carmona Olivarez, cuya empresa obtenía contratos para supuestos estudios de “viabilidad financiera y jurídica” que las municipalidades no requerían. Para asegurar la adjudicación, Carmona recurría a sobornos con un modus operandi rudimentario:
Pagos en Efectivo: Las entregas de dinero se realizaron en lugares inusuales, como el estacionamiento de un supermercado, un subterráneo en el Paseo Arauco de Chillán y la Plaza de Armas de la misma ciudad.
Camisetas de Fútbol: En el municipio de San Ignacio, el tesorero Hugo Troncoso recibió indumentaria deportiva para su equipo amateur a cambio de agilizar los pagos en favor de Gestión Global SpA.
Transferencias Rastreadas: En otros casos, como Bulnes e Hijuelas (Región de Valparaíso), se efectuaron transferencias bancarias a cuentas de los funcionarios o de sus cónyuges.
Funcionarios Involucrados y Estado Judicial:
El sistema corrupto se extendió por diversos municipios de Ñuble (San Ignacio, Bulnes, Ñiquén) y otras regiones, involucrando a exalcaldes como César Figueroa Betancourt, Manuel Pino Turra y Guillermo Yeber Rodríguez.
Mientras algunos implicados —como el colaborador Rodrigo Sandoval y Krysler Monroy— ya pactaron procedimientos abreviados y fueron condenados a penas sustitutivas como la libertad vigilada intensiva, los principales acusados, incluyendo a Rodrigo Carmona (quien arriesga 22 años) y los exalcaldes, deberán enfrentar un juicio oral programado para iniciar en marzo de 2026.
