Senado aprueba acusación constitucional contra Ángela Vivanco: Inhabilitada por 5 años
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El Senado de Chile aprobó la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, lo que le impedirá ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. La votación fue contundente: 47 votos a favor, ninguna oposición y una abstención, destacando la falta de apoyo a Vivanco por parte de los parlamentarios.
Esta acusación surgió a raíz del llamado “caso Audio”, en el que Vivanco realizó declaraciones controvertidas sobre la implementación de un fallo de la Corte Suprema que afectaba a las isapres. En dichas declaraciones, se puso en duda el alcance de la sentencia, lo que generó confusión y polémica en torno a la restitución de dineros a los afiliados del sistema de salud privado.
El libelo se centró en acusarla de haber incurrido en una infracción grave al deber de probidad y de haber afectado la imagen del Poder Judicial. La ministra había intentado defender su postura en reiteradas ocasiones, argumentando que sus palabras habían sido malinterpretadas y que no había intención alguna de distorsionar los efectos del fallo. Sin embargo, las críticas se mantuvieron firmes tanto en el ámbito político como judicial.
La aprobación de esta acusación no solo implica la salida de Vivanco de su cargo, sino que también establece un precedente en cuanto al control sobre la transparencia y responsabilidad en las altas esferas del Poder Judicial. Durante el debate en el Senado, varios senadores hicieron énfasis en la importancia de la probidad en el ejercicio de funciones públicas, especialmente en un contexto tan delicado como el que involucra las decisiones judiciales sobre temas de salud.
Vivanco había sido destituida previamente de su cargo en la Corte Suprema por sus pares, lo que ya significaba un golpe significativo para su carrera judicial. Esta segunda medida, que la inhabilita para cualquier cargo público por cinco años, cierra un ciclo marcado por controversias en torno a su actuar profesional.
El caso de Vivanco ha generado una amplia repercusión en la opinión pública, particularmente debido a la relevancia del fallo sobre las isapres y el impacto en miles de afiliados. La resolución de la acusación constitucional, aunque esperada, marca un punto de inflexión en la evaluación de los altos magistrados y sus responsabilidades ante la sociedad.
