Un suboficial de la sección de tránsito fue desvinculado por malversación de fondos.
Un grave caso de posible corrupción ha remecido a la Prefectura de Carabineros de Concepción, culminando con la expulsión inmediata de un funcionario que utilizaba una tarjeta de crédito institucional para cargar combustible en su vehículo personal. La institución actuó con celeridad, desvinculando al implicado y presentando una denuncia ante la Fiscalía.
Grave falta en la Prefectura de Concepción
El involucrado es un suboficial que se desempeñaba en la sección de motos de tránsito de la capital penquista. Según se ha confirmado, el ahora exuniformado realizaba cargas de bencina para su automóvil particular utilizando para el pago una tarjeta fiscal, destinada exclusivamente a los gastos operacionales de los vehículos policiales.
Apenas la situación fue descubierta por sus superiores, se activaron los protocolos internos, resultando en la decisión de dar de baja al funcionario de manera fulminante.
Expulsión inmediata y denuncia a Fiscalía
Además de la desvinculación de las filas de Carabineros de Chile, la institución formalizó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el hecho como un posible delito de fraude al Fisco o malversación de caudales públicos.
Fuentes internas de la policía uniformada confirmaron de manera extraoficial que el sumario administrativo que se había iniciado quedó suspendido, a la espera del resultado de la investigación penal que llevará a cabo la Fiscalía, tal como lo estipula la normativa interna.
El marco legal que permite la baja fulminante del carabinero expulsado en Concepción
La rápida expulsión del funcionario se ampara en la reglamentación institucional. El abogado Luis Parra Muñoz, experto en defensa de personal de Carabineros, explicó que el reglamento disciplinario faculta a la jefatura para tomar esta drástica medida sin la necesidad de completar un sumario administrativo previo.
“El artículo 127, reglamento ocho, faculta a la autoridad a eliminar inmediatamente al funcionario cuando la falta sea de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución, que el funcionario confiese su responsabilidad o esta se haga evidente”, detalló el jurista.
Hasta el cierre de esta edición, no ha habido un pronunciamiento público oficial por parte de la institución sobre este específico caso.
