
En la región del Biobío, la Comisión de la Corte de Apelaciones de Concepción ha iniciado el análisis de 304 solicitudes de libertad condicional. Este proceso corresponde al segundo semestre de 2024 y tiene como objetivo evaluar la situación de reclusos que podrían obtener el beneficio, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley, como haber completado la mitad de su condena, demostrar buena conducta, y participar en programas de rehabilitación.
La revisión abarca solicitudes de internos condenados por delitos de diversas categorías, lo que ha generado preocupación y debate en la comunidad. Marcela Godoy, secretaria de la comisión, explicó que el proceso es exhaustivo, y cada solicitud es evaluada individualmente, considerando los antecedentes del recluso y los informes de las instituciones penitenciarias.
El beneficio de libertad condicional permite que los reclusos terminen de cumplir su condena en libertad, bajo ciertas condiciones y con supervisión. Las autoridades judiciales han reiterado que este beneficio no implica una reducción de la pena, sino que es parte del proceso de reinserción social. Sin embargo, hay sectores que cuestionan que reclusos condenados por delitos graves puedan optar a este tipo de beneficios.
Este proceso de revisión genera expectativas tanto entre los internos como entre sus familias, mientras que las organizaciones de víctimas de delitos se mantienen alertas ante la posibilidad de que algunos condenados por delitos violentos puedan obtener el beneficio.
