El Consejo de Defensa del Estado (CDE) está evaluando la posibilidad de solicitar medidas cautelares que impliquen la privación de libertad para el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, durante la audiencia de formalización programada para finales de este año.
La acción legal se enmarca en una querella presentada a fines de 2024 por el propio CDE, que investiga la condonación de $1.200 millones de pesos en patentes comerciales a la empresa embotelladora Llacolén, una medida aprobada en 2020.
En esta causa, que será formalizada el 29 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Coronel, se imputa al alcalde Chamorro, al exdirector jurídico del municipio y a cuatro concejales el delito de fraude al fisco por la aprobación de la rebaja de esta deuda cuantiosa.
El abogado del CDE, Georgy Schubert, indicó que la entidad está analizando la solicitud de cautelares y que estas serán proporcionales a la gravedad de los ilícitos que se investigan. El objetivo del Consejo es que “todos los funcionarios públicos que cometieron ilícitos respondan por este hecho”.
