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La ratificación de su calidad de "acusado" abrió la puerta para que los querellantes busquen bloquear su postulación al Congreso.
La compleja situación judicial del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está a punto de abrir un nuevo frente, esta vez en el ámbito electoral. Tras una audiencia clave realizada este jueves, donde se ratificó su calidad de “acusado” en el caso Farmacias Populares, el abogado querellante Christian Espejo anunció que presentará un requerimiento ante el Servicio Electoral (Servel) para impugnar su candidatura a diputado por el Partido Comunista.
Esta ofensiva legal busca inhabilitar la aspiración de Jadue para llegar al Congreso, argumentando que su condición de acusado en una causa por corrupción se lo impediría.
## La ofensiva legal: Buscan inhabilitar a Jadue para ser candidato
La decisión de los querellantes se gatilló tras la resolución del 3° Juzgado de Garantía de Santiago. “Lo que hoy día sí quedó firme es que se cerró la investigación y que la calidad de acusado se mantiene. Esto nos conlleva como querellantes, que sí tenemos la facultad, de oficiar al Servel para que pueda generarse en este momento la inhabilidad del señor Jadue para ser candidato”, explicó el abogado Christian Espejo.
El jurista destacó que este es “uno de los efectos más importantes de la acusación”, y aclaró que el Ministerio Público no tiene la atribución de frenar postulaciones, pero los querellantes sí pueden solicitarlo. La legislación electoral establece un plazo acotado de 10 días para realizar este tipo de impugnaciones, por lo que la acción deberá concretarse a la brevedad.
## El estado de la causa judicial y la arriesgada apuesta de la defensa
Mientras se abre este nuevo flanco electoral, la causa penal sigue su curso. En la audiencia de este jueves, el tribunal reagendó la preparación del juicio oral para el próximo 8 de octubre.
En paralelo, la defensa de Jadue solicitó la reapertura de la investigación, una petición que será debatida en esa misma audiencia de octubre. Esta maniobra busca dilatar el proceso y eventualmente desestimar pruebas en su contra.
El exalcalde enfrenta una solicitud de penas por parte de la Fiscalía que totalizan 18 años de cárcel por los delitos de fraude reiterado, estafa, cohecho y un delito concursal, en el marco de la investigación por la fallida Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
