Defensa de Ángela Vivanco busca inhabilitar a más de 60 parlamentarios en la acusación constitucional
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La defensa de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha tomado un giro inesperado en el contexto de la acusación constitucional en su contra, solicitando la inhabilitación de más de 60 parlamentarios que participarán en la votación. El abogado de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, argumentó que una gran cantidad de diputados ya emitieron opiniones graves y prejuzgaron el caso antes de que la defensa pudiera exponer sus argumentos, comprometiendo la imparcialidad del proceso.
Manríquez afirmó que la acusación en contra de Vivanco ha estado marcada por interpretaciones apresuradas y conjeturas sin esperar a que se presente una defensa formal, lo cual es un riesgo para la justicia y transparencia del procedimiento. El caso está relacionado con los fallos de la ministra en temas sensibles como los derechos sociales y constitucionales, lo que ha generado un debate intenso en el ámbito político y judicial.
Errores formales en la acusación
Además de la inhabilitación, Manríquez también denunció que una de las acusaciones promovidas por los parlamentarios del oficialismo presenta errores de redacción y vicios formales. Según el abogado, estos errores son suficientes para que la acusación sea declarada inadmisible y solicitó que se tomen las medidas correspondientes.
En su defensa, el equipo de Vivanco ha subrayado que no se ha seguido el debido proceso y que la ministra está siendo sometida a un juicio público sin que se le permita una defensa justa y adecuada. “Es indispensable que se escuche a todas las partes de manera equitativa”, subrayó Manríquez, quien además solicitó que los parlamentarios inhabilitados no participen ni en la comisión que elabora el informe ni en la votación del pleno.
Falta de imparcialidad y reacción de los parlamentarios
El pedido de inhabilitación ha generado un fuerte revuelo en el Congreso, donde parlamentarios de la oposición han criticado duramente a Vivanco, acusando a la defensa de buscar estrategias dilatorias para evitar el avance de la acusación constitucional. Desde la vereda del oficialismo, algunos parlamentarios también han salido en defensa de Vivanco, argumentando que no se debe prejuzgar antes de conocer los argumentos completos de la defensa.
La estrategia de inhabilitar a un número significativo de parlamentarios se justifica, según Manríquez, en la necesidad de garantizar un proceso imparcial. “El debido proceso debe estar presente en todo momento, y no puede haber duda de la neutralidad de quienes voten sobre la acusación”, afirmó el abogado, sugiriendo que las declaraciones públicas de los diputados podrían influir en el resultado final.
Contexto de la acusación constitucional
Ángela Vivanco enfrenta esta acusación constitucional en medio de una crisis institucional que ha puesto a prueba la independencia del Poder Judicial en Chile. Su actuación en casos de alto perfil ha sido objeto de debate, con sectores políticos que la acusan de excederse en sus funciones, mientras que otros defienden su postura y la califican como una defensora de la Constitución. El proceso ha tomado relevancia no solo por los aspectos legales, sino también por las implicaciones políticas que podrían afectar tanto al Poder Judicial como al Legislativo.
En este contexto, la defensa de Vivanco ha sido clara en señalar que todo el proceso debe ajustarse estrictamente a la ley, y que las opiniones públicas que prejuzguen el caso antes de que se presente la defensa son una amenaza para la justicia. Manríquez también anunció que, si es necesario, llevarán el caso a instancias internacionales si se viola el derecho al debido proceso.
