El brasileño fijó como plazo máximo el 16 de julio para un gran evento sísmico.
La tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo ha escalado a un nuevo nivel. La diputada independiente pro DC, Mónica Arce, concretó una denuncia formal en contra del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, invocando la Ley Karin por un episodio de presunto acoso y hostigamiento ocurrido en el Congreso.
La acción fue presentada formalmente el pasado viernes, tras ser evaluada por la parlamentaria y su equipo jurídico, marcando un precedente en el uso de esta nueva legislación para abordar conflictos en la arena política de alto nivel.
El Voto que Desató el Conflicto
El origen de la controversia se remonta a una sesión de la Comisión de Educación a principios de julio. Durante la jornada se votaba un proyecto clave del Ejecutivo que buscaba flexibilizar los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía.
La diputada Arce decidió abstenerse, y su voto fue decisivo para que la reforma fuera rechazada. Esta acción habría provocado la molestia del subsecretario Orellana, dando inicio al tenso cruce que ahora se ventila por la vía formal.
Amenazas y Hostigamiento: La Acusación de la Parlamentaria
Según acusa la diputada Arce, la reacción del subsecretario Orellana superó el debate político. Afirma que la autoridad no solo la increpó duramente una vez finalizada la votación, sino que además la habría amenazado con retirar el apoyo del Gobierno a sus propuestas en otra discusión legislativa de gran importancia: el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES).
El incidente no ocurrió en privado; fue presenciado por otros parlamentarios, asesores y expositores que se encontraban en la sala de forma presencial y telemática. De hecho, los diputados UDI Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo ya habían presentado una denuncia en calidad de testigos del hecho.
Disculpas Públicas no Frenaron la Vía Formal
Poco después del altercado, el subsecretario Víctor Orellana ofreció disculpas públicas a la parlamentaria por su actuar. Sin embargo, para la diputada Arce y su equipo, la gravedad de la situación ameritaba seguir un curso institucional.
Por esta razón, y amparándose en que la Ley Karin también contempla su aplicación en organismos del Estado para prevenir y sancionar el acoso, la denuncia fue ingresada para que siga el conducto regular que la legislación establece, llevando el conflicto desde el debate político a una investigación formal.
