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Conmemoración del asesinato de estudiante en la UdeC durante la dictadura.
Excarabinero Condenado a una pena de 5 años de libertad vigilada por el homicidio simple de un alumno de la Universidad de Concepción (UdeC) ocurrido en 1984. El crimen se enmarcó en una manifestación contra la dictadura en el Barrio Universitario, y la sentencia representa un hito en la justicia por violaciones a los derechos humanos.
Además de la sanción impuesta al oficial (r) Fernando Torres Gacitúa, la resolución judicial ordena al Estado de Chile pagar una indemnización de $150 millones a la familia de la víctima, Caupolicán Inostroza. Esta es la primera sentencia condenatoria dictada por el juez Waldemar Koch, en su calidad de ministro en visita para causas de derechos humanos durante la dictadura.
Los Detalles del Caso y la Confirmación del Fallo
El exuniformado fue declarado responsable del asesinato del estudiante de Ingeniería Mecánica, Caupolicán Inostroza Lamas, hace 41 años, durante una jornada de protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet, convocada a nivel nacional el 27 de marzo de 1984.
La abogada Patricia Parra, quien representa a la familia del joven, confirmó el fallo y la sanción impuesta por la justicia. El caso de Caupolicán Inostroza era uno de los procesos emblemáticos que dejó pendiente el exministro en visita Carlos Aldana, quien procesó a Torres Gacitúa en marzo de 2021. Dicho procesamiento se realizó tras una reconstitución de escena en el Barrio Universitario, el lugar donde el estudiante recibió el disparo fatal.
La abogada Parra explicó que la responsabilidad del exfuncionario de Carabineros se estableció por un uso excesivo de la fuerza en medio de una protesta que, según la investigación, ya estaba concluyendo de manera pacífica. La resolución no solo condenó a Fernando Torres, sino que también estableció la responsabilidad del Estado, lo que justificó la orden de indemnización a favor de las hermanas de la víctima.
Es importante destacar que este fallo es de primera instancia, por lo que es probable que sea revisado mediante algún recurso por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, ya representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura.
