23 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, da cuenta de la implementación de la segunda etapa del Sistema de Gestión y Bloqueo Telefónico en 9 unidades penales del país. El proyecto considera también la instalación de teléfonos públicos en 75 establecimientos penitenciarios. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO
El gremio de Gendarmería de Chile ha manifestado un enérgico rechazo a las declaraciones de una Fiscal del Ministerio Público, quien sugirió que una “gran parte” de los funcionarios penitenciarios estaría coludida o vinculada a estructuras del crimen organizado.
Las fuertes afirmaciones de la persecutora, detalladas en una solicitud de antecedentes, sostienen que los guardias estarían incurriendo en actos de corrupción al cobrar a los reclusos por diversos privilegios dentro de las prisiones, como mejores celdas, acceso a colchones, frazadas e ingreso de teléfonos. La Fiscal fue explícita al señalar que son los propios gendarmes quienes recolectan estos cobros, facilitando que las bandas criminales continúen operando desde el interior de los penales. Además, urgió una “limpieza” o depuración del personal que no cumple con su rol legal, proponiendo su desvinculación inmediata.
La institución penitenciaria reaccionó acusando que vincular a todo el cuerpo de Gendarmería con el crimen organizado inflige un daño inaceptable a su imagen pública y reputación. El gremio comparó el tratamiento de este caso con otros escándalos de corrupción en instituciones estatales, argumentando que en esos casos no se utilizó un tono tan alarmista ni se generalizó la responsabilidad a la totalidad del personal.
