Funcionarios públicos exigirán reajuste salarial del 7% y rechazan la congelación de sueldos propuesta por el Gobierno
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En medio de la paralización de la discusión del Presupuesto 2026, se ha abierto un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno y las asociaciones de trabajadores fiscales: el reajuste al sector público. Los gremios han manifestado su rotunda oposición a que los funcionarios sean quienes asuman el costo de los “ajustes del Estado” en la política fiscal.
La tensión surge porque, siguiendo una recomendación de una comisión asesora, el Gobierno ha propuesto mantener los sueldos del sector público en valores nominales de 2025. Esta medida implicaría un ahorro fiscal a corto plazo de $524.938 millones, al no considerar el ajuste por inflación.
Sin embargo, los representantes de la mesa del sector público, incluyendo a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), han anunciado que la cifra que solicitarán en la negociación asciende al 7%.
Fundamento de la Solicitud:
El presidente de la ANEF, José Pérez, explicó que el piso de la negociación se construye en base a dos elementos:
- Recuperación del Poder Adquisitivo (IPC): El 3,7% proyectado para la inflación entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.
- Crecimiento del País: El 2,5% de crecimiento económico estimado para este año.
La suma de estos factores (6.2%), más un “extra” no definido, resulta en el 7% que ha trascendido a la prensa.
En paralelo, mientras el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, busca destrabar con la oposición el Presupuesto 2026, los parlamentarios han puesto como condición para seguir negociando la definición del reajuste fiscal. Cálculos del Congreso sugieren que, considerando solo la inflación y el 1% adicional de cotización previsional, el costo real del reajuste supera los US$700 millones, cifra superior a la provisión inicial del Ejecutivo ($615 millones de dólares).
