Manuel Monsalve queda en prisión preventiva tras extensa formalización
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El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado este martes por los delitos de abuso sexual y violación en contra de una funcionaria pública. La medida fue adoptada tras una extensa audiencia realizada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía presentó pruebas que incluyen testimonios, peritajes forenses y antecedentes recopilados durante la investigación.
Los detalles de la formalización
Durante la audiencia, el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, expuso los antecedentes del caso, detallando que los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre en un hotel de la capital. Según la denuncia, Monsalve habría actuado bajo condiciones que la Fiscalía calificó como “gravemente atentatorias contra la dignidad de la víctima”, lo que fundamentó la solicitud de prisión preventiva.
Además, el Ministerio Público destacó que se encontraron restos biológicos y evidencias forenses en el lugar donde habrían ocurrido los hechos, las cuales refuerzan la versión de la denunciante.
Argumentos de la defensa
Por su parte, la defensa de Monsalve, encabezada por el abogado Héctor Salinas, argumentó que no existen pruebas concluyentes que justifiquen la medida cautelar de prisión preventiva, y calificó la decisión como desproporcionada. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para decretar la medida, señalando el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados.
Investigación en curso
La investigación tendrá un plazo de 90 días, durante los cuales la Fiscalía continuará recopilando antecedentes y realizando peritajes. Mientras tanto, Monsalve permanecerá detenido en un recinto de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo medidas especiales de seguridad.
Reacciones y debate político
El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y social. Desde la oposición han exigido explicaciones y mayor transparencia por parte del Gobierno, mientras que sectores oficialistas han optado por mantener distancia y esperar los resultados de la investigación judicial.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y feministas han expresado su respaldo a la víctima, exigiendo que se garantice un proceso justo y transparente.
