Propuestas basadas en estándares internacionales para proteger la información judicial
El fiscal nacional, Ángel Valencia, envió un oficio al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, con propuestas concretas para reforzar la protección de la información en causas penales. Estas medidas surgen tras las críticas por la filtración de la declaración voluntaria del presidente Gabriel Boric en el caso Monsalve, y buscan garantizar la confidencialidad en las investigaciones judiciales.
Propuestas y medidas implementadas
Valencia destacó las iniciativas tomadas bajo su gestión, como la implementación de criterios para el manejo de información sensible, y nuevas políticas tecnológicas en el Ministerio Público. Entre estas destacan:
- Control de acceso a información sensible: Establecimiento de protocolos para el otorgamiento de copias de carpetas investigativas a intervinientes autorizados, garantizando la seguridad de la información.
- Medidas de seguridad informática: Incorporación de tecnología de trazabilidad en archivos y acceso restringido con autenticación de doble factor.
- Investigaciones internas: Ante filtraciones o accesos indebidos, se abrieron causas penales y administrativas para sancionar responsables.
Propuestas basadas en estándares internacionales
El fiscal nacional enfatizó la necesidad de modificar el ordenamiento jurídico chileno, que considera insuficiente en cuanto a la protección de la información en procesos penales. Inspirándose en sistemas de Common Law, como los de Estados Unidos e Inglaterra, Valencia propone:
- Confidencialidad reforzada: Permitir que fiscales puedan restringir la entrega de información sensible con autorización judicial.
- Acceso regulado bajo supervisión: Limitar el acceso a antecedentes de investigaciones, sin comprometer el derecho a la defensa.
- Sanciones penales más estrictas: Penalizar la divulgación indebida de información de investigaciones reservadas.
Camino hacia una mayor protección
A pesar de los avances tecnológicos y normativos implementados, Valencia subraya que es necesario fortalecer el marco legal para evitar futuras filtraciones y proteger la integridad de las investigaciones.
