La Trama de ‘El Palta’: El plan del capo narco para lavar dinero con el Gobierno Regional del Biobío
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La investigación apunta a una compleja trama para blanquear fondos del narcotráfico usando fondos públicos.
Una compleja trama que vincula el narcotráfico con las altas esferas del poder regional ha quedado al descubierto. Documentos policiales y peritajes telefónicos revelan el audaz plan de Jorge Espinoza Zapata, conocido como ‘El Palta’ y uno de los principales capos narco de Concepción, para blanquear cientos de millones de pesos a través de un negocio inmobiliario directo con el Gobierno Regional del Biobío durante la gestión del exgobernador Rodrigo Díaz.
La operación, que involucraba la compra de un terreno por $1.200 millones de pesos, llegó a tener una compraventa firmada. Sin embargo, fue la intervención de la Contraloría la que, en dos ocasiones, frenó en seco la transacción. Conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono del propio narcotraficante exponen la participación de funcionarios públicos en las gestiones.
La ‘Lavadora’: Un Asesor Financiero para el Narco de Concepción
Para el año 2023, ‘El Palta’ necesitaba blanquear las millonarias ganancias de su imperio de drogas. Para ello, reclutó a Víctor Damián Gaete Herrera, un empresario local que, según informes policiales, actuó como uno de sus principales “testaferros” y “asesores empresariales”.
El modus operandi de Espinoza Zapata era sofisticado: se rodeaba de profesionales como ingenieros y contadores para dar una fachada de legalidad a sus operaciones y evitar el perfil del delincuente común. Fue en este contexto que ‘El Palta’ le encomendó a Gaete la misión de invertir su dinero ilícito en un negocio con el Gobierno Regional. La evidencia proviene tanto de la declaración de un testigo clave como de los chats entre ambos. “Sé que el Damián le lava dinero al Palta”, testificó un empresario de la zona ante la PDI.
El Negocio Inmobiliario y la Intervención de un Alto Funcionario
La operación consistía en la compra de un predio de 14 hectáreas en Curanilahue. El plan era que el GORE Biobío pagara $1.200 millones, de los cuales una parte importante llegaría a los bolsillos de ‘El Palta’, quien había financiado los trámites iniciales.
A medida que los plazos se dilataban, ‘El Palta’ comenzó a presionar a su asesor, quien para calmarlo le enviaba pantallazos de conversaciones con funcionarios públicos. En este punto, la investigación detectó la aparición de un nombre prominente: Víctor Rafael Valenzuela Álvarez, actual Director del Servicio de Salud de Concepción.
Un pantallazo enviado por Gaete a ‘El Palta’ muestra una conversación con Valenzuela, quien le comparte información interna del GORE sobre el estado del trámite en Contraloría, un organismo sobre el cual no tenía ninguna competencia. “—Exacto. Y rogar que la wea llegue bien. Debiera ser así, pero esperemos”, le responde Valenzuela al testaferro, demostrando un interés y conocimiento detallado en la operación. Consultado sobre su participación, Valenzuela afirmó que la información era de acceso público, aunque los registros sugieren que se trataba de datos internos del sistema de seguimiento del GORE.
El Portazo de Contraloría: La Caída del Plan
Para fortuna de los fondos fiscales, el negocio nunca se concretó. Aunque el Gobierno Regional intentó avanzar, la Contraloría Regional del Biobío rechazó la operación en dos ocasiones. Las razones fueron demoledoras:
- Trato Directo Injustificado: La compra se realizó por contratación directa, sin una licitación pública y sin un acto administrativo que justificara por qué no se competía por el mejor precio.
- Falta de Tasación Válida: El GORE no presentó valoraciones comerciales externas para justificar el precio de $1.200 millones. El único informe de tasación adjunto no estaba firmado por un profesional competente, lo que impedía verificar si el monto se ajustaba al valor de mercado.
Actualmente, la Fiscalía Regional del Biobío mantiene una investigación vigente por estos hechos. Mientras tanto, Damián Gaete Herrera ya fue condenado en un procedimiento abreviado a cinco años de presidio por el delito de lavado de activos, pena que cumple en libertad vigilada intensiva.
