El Ministerio de Justicia busca edificar un nuevo penal con 800 plazas como parte de su Plan Maestro de Infraestructura para combatir el hacinamiento.
Nueva Cárcel Los Ángeles El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha confirmado sus planes para construir un nuevo y moderno recinto penitenciario en la ciudad de Los Ángeles, con una capacidad proyectada para 800 personas privadas de libertad. La iniciativa se enmarca en el ambicioso “Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria” del gobierno, que busca hacer frente a la crítica situación de hacinamiento que afecta a la Región del Biobío y al país.
El proyecto, calificado como de “largo plazo”, se levantaría en el mismo terreno donde se encontraba la antigua cárcel de la ciudad, un espacio actualmente ocupado por la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (Usep) y el Centro de Apoyo para la Integración Social (Cais).
El foco en la reinserción y la crisis de sobrepoblación
Actualmente, la Región del Biobío presenta una alarmante tasa de ocupación penal del 110%, una sobrepoblación que dificulta gravemente las labores de seguridad y, sobre todo, de reinserción social. Es en este contexto que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsa este proyecto.
La subsecretaria de DD.HH., Daniela Quintanilla, explicó que el objetivo principal es “responder a esta situación de infraestructura que nos permita trabajar en reinserción con mucha más fuerza”. La autoridad detalló que el foco estará en “el fortalecimiento de los programas que incluyan Educación, Capacitación Laboral y Salud Mental, que es algo bien indispensable para poder tener un abordaje integral de esta problemática”.
Además de la nueva cárcel en Los Ángeles, el Plan Maestro también contempla la creación de 280 nuevas plazas en el Complejo Penitenciario Biobío, ubicado en Concepción.
Municipio sin aviso formal y el llamado a la dignidad humana
Pese a la confirmación por parte del ministerio, la noticia ha generado sorpresa a nivel local. Consultados por este medio, desde la Municipalidad de Los Ángeles señalaron que no han recibido ninguna información formal sobre el proyecto por parte del gobierno central. Esta falta de comunicación abre un flanco de incertidumbre sobre la coordinación y el impacto que la megaobra tendrá en la comuna.
Finalmente, la subsecretaria Quintanilla hizo un llamado a la reflexión sobre el trato a las personas privadas de libertad. “Esta es una situación que evidentemente nos preocupa”, afirmó, agregando que “el hecho de que una persona cometa un delito y tenga una pena o una sanción privativa de libertad no le priva de su dignidad humana y de su derecho a que todo el resto de sus derechos se vean garantizados”.
