
La Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por la defensa de Raúl Escobar Poblete, alias “Comandante Emilio”, confirmando su condena a 18 años de presidio por su rol en el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991. Escobar Poblete, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fue extraditado desde México en 2021 para enfrentar la justicia en Chile, luego de ser capturado en ese país por su participación en secuestros.
El tribunal ratificó la sentencia impuesta por su participación en uno de los crímenes más emblemáticos de la transición democrática en Chile. Guzmán, senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue asesinado a las afueras de la Universidad Católica, donde era profesor. Este crimen fue reivindicado por el FPMR como un acto de protesta contra su papel en la dictadura de Pinochet.
El fallo y la relevancia histórica del caso
El fallo confirma la responsabilidad de Escobar Poblete como el autor material del homicidio. En 1991, junto a otros miembros del FPMR, emboscaron el vehículo de Guzmán y lo asesinaron. Desde entonces, el caso ha sido un hito en la justicia chilena, pues simboliza el enfrentamiento político que marcó el fin de la dictadura y la transición hacia la democracia.
Tras su captura en México en 2017, donde estaba involucrado en secuestros y otros delitos, Chile solicitó su extradición para que enfrentara el juicio por el asesinato de Guzmán. En 2021, la extradición se concretó, y el juicio culminó con la condena a 18 años de presidio mayor. El reciente fallo de la Suprema reafirma el castigo, tras descartar las peticiones de la defensa que intentaban reducir o revertir la pena.
Impacto político y judicial
La confirmación de esta sentencia es vista como un cierre a uno de los episodios más violentos de la historia reciente de Chile. Para muchos, se trata de un acto de justicia largamente esperado, mientras que para otros, revive los conflictos y divisiones políticas de ese entonces.
La UDI y varios sectores de la derecha han expresado su satisfacción con la resolución, subrayando la importancia de hacer justicia en casos que afectaron gravemente la estabilidad del país durante su transición democrática. Por otro lado, algunos sectores de la izquierda han mantenido silencio, pero el caso sigue siendo un punto de discusión sobre los límites de la lucha política durante y después de la dictadura.
