Damnificados del Puerto de Palos: 15 años de lucha por su indemnización

A más de 15 años del devastador terremoto del 27 de febrero de 2010, la batalla por la justicia para cerca de 50 familias del edificio Puerto de Palos de Hualpén aún no termina. Este jueves, los damnificados llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Concepción para participar en una nueva diligencia judicial, en su interminable lucha por recibir la indemnización de $2.500 millones que la Municipalidad de Talcahuano fue condenada a pagar.

Pese al tiempo transcurrido y al desgaste emocional y económico, los vecinos se mantienen firmes. “Aún tenemos confianza en la justicia, en que vamos a ser resarcidos por los daños”, afirmó Juan Lozano, vocero de los afectados.

## Una lucha de 15 años: Del terremoto a la demolición

La historia del edificio Puerto de Palos, ubicado en la avenida Colón de Hualpén, es un símbolo de la tragedia del 27/F. La estructura fue declarada inhabitable por los graves daños estructurales sufridos en el sismo. La justicia determinó que la responsabilidad recaía en la Municipalidad de Talcahuano, debido a que la Dirección de Obras de esa comuna no fiscalizó correctamente la construcción cuando el sector de Hualpencillo aún pertenecía a su jurisdicción.

Tras años de abandono, el esqueleto del edificio fue finalmente demolido recién este 2025, gracias a una inversión de $1.270 millones gestionada por la Municipalidad de Hualpén ante el Ministerio del Interior.

## La disputa por los $2.500 millones: El último obstáculo para los damnificados del edificio Puerto de Palos

Aunque un fallo judicial dictado en 2023 ya estableció la responsabilidad del municipio chorero, y el año pasado se fijó la millonaria reparación, el pago aún no se concreta. El abogado de las familias, Marcelo Valenzuela, explicó que la diligencia en la Corte de Apelaciones se debe a que la corporación edilicia de Talcahuano está discutiendo el monto de la indemnización.

Esta versión fue ratificada por el jefe jurídico de Talcahuano, Emmanuel Toloza, quien sostuvo que lo que se busca en el tribunal de alzada es determinar la “cantidad precisa” que se debe cancelar a los afectados.

Mientras la disputa legal continúa en el Poder Judicial, las familias, muchas de las cuales invirtieron los ahorros de toda una vida en esos departamentos, siguen esperando una reparación que les permita, después de 15 años, cerrar definitivamente uno de los capítulos más dolorosos de sus vidas.