Una investigación periodística reveló que el nuevo Royalty Minero, destinado por ley a compensar a las comunas afectadas por las “externalidades” de la minería, está siendo utilizado por los municipios del centro y norte del país en gastos de libre disposición que poco tienen que ver con la mitigación ambiental, salud o mejoramiento de infraestructura crítica.
El Royalty inyectó más de $93 mil millones a 306 comunas, de los cuales $20 mil millones fueron a las zonas mineras más impactadas (Fondos Puente del Fondo Común Minero, FCMI). Sin embargo, el análisis de Transparencia muestra usos cuestionables:
- Huasco: Destinó más de $74 millones a organizar festivales y conciertos masivos (incluyendo la presentación de Noche de Brujas), mientras sectores como Carrizal Bajo carecen de servicios básicos estables de agua potable y alcantarillado.
- Iquique: Utilizó más de $424 millones en el pago de sueldos municipales, en un contexto donde el Hospital Regional arrastra un déficit financiero.
- Chañaral: Invirtió $17 millones en una obra de teatro, una suma que, según expertos, podría haber financiado exámenes de detección de plomo en sangre para más de 300 habitantes en una comuna con antecedentes de contaminación.
- Mejillones: Compró un minibús de $84 millones para el traslado de funcionarios de salud, mientras que la población general carece de una red formal de transporte público.
Expertos y legisladores, como el senador Esteban Velásquez, si bien reconocen que los fondos son de “libre disposición”, cuestionan que se utilicen para fines que no abordan las necesidades urgentes derivadas de la actividad extractiva (como la calidad del aire, el agua y la infraestructura sanitaria). La Contraloría ya había advertido que el 53% de los municipios beneficiarios había reportado sus gastos sin crear una cuenta corriente exclusiva para estos recursos, aumentando la opacidad en su uso.
