Web-Master 
Fotografía de Joaquín Lavín León en un evento público.
El diputado Joaquín Lavín León se enfrenta a una nueva y grave arista judicial. El Servicio de Impuestos Internos (SII) se ha sumado a la ofensiva legal en su contra, presentando una querella por una serie de presuntos delitos tributarios. La acción judicial acusa a Lavín Jr. de haber utilizado facturas ideológicamente falsas tanto durante su campaña electoral como en su periodo como parlamentario.
Según la investigación del SII, se trata de decenas de documentos falsos emitidos entre 2017 y 2022, con los cuales el diputado habría obtenido millonarios montos de manera fraudulenta. Parte de estas facturas fueron presentadas como gastos electorales ante el Servel, que habría reembolsado los montos por trabajos que nunca se realizaron. Otras fueron rendidas al Congreso como gastos parlamentarios, permitiendo que Lavín obtuviera fondos públicos de forma improcedente.
La querella también detalla que el Servicio de Impuestos Internos detectó que los ingresos obtenidos a través de estas facturas no fueron declarados por el diputado, y que presentó declaraciones “maliciosamente incompletas o falsas”, lo que habría buscado inducir a la liquidación de un impuesto inferior.
La Decisión de un Posible Desafuero
Este nuevo flanco judicial se suma al complejo panorama del exdiputado de la UDI, a solo días de una decisión crucial. El próximo martes 16 de septiembre, la Corte de Apelaciones definirá si se le quita o no su fuero parlamentario. El desafuero fue solicitado por la Fiscalía y cuenta con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de la Municipalidad de Maipú.
Si la solicitud es acogida por el tribunal, Joaquín Lavín León podría ser formalizado por la Fiscalía, lo que abriría la puerta a la imposición de medidas cautelares y a la continuación del proceso judicial que busca esclarecer sus responsabilidades en los delitos de los que se le acusa, incluyendo su rol de “alcalde en las sombras” durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga.
